Artículo escrito por Carla Campuzano
Según datos del Ministerio de Educación, en España existen 9.317 colegios concertados a los que acuden uno de cada cuatro alumnos matriculados. De estos, alrededor de 90 colegios separan a chicos de chicas en las clases. La gran mayoría de estos centros, aunque no todos, están vinculados al Opus Dei.
La ley educativa LOMLOE, comúnmente conocida como Ley Celáa, entró en vigor en enero de 2021. Uno de los puntos que ha causado controversia han sido los relacionados con las escuelas concertadas y la educación diferenciada. Conforme a esta nueva ley, todo colegio que reciba fondos públicos ya sea de forma parcial o total, no podrá separar a su alumnado por género y deberá desarrollar en todas las etapas educativas el principio de coeducación, el cual consiste en educar a niños y niñas de la misma manera. Asimismo, prohíbe a los colegios concertados imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones y recibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Por último, esta nueva ley elimina la denominada “demanda social”, la cual implica el derecho de los padres a elegir el centro educativo que deseen de acuerdo a unos criterios previamente ordenados y establecidos como la cercanía al centro, él número de hermanos matriculados. Del mismo modo, el criterio para aumentar las plazas de un colegio concertado se basa en dicha demanda social, por lo tanto, su eliminación determina y limita la admisión de alumnos una vez que las plazas demandadas superen la oferta. Como afirman algunos opositores a esta reforma, esto perjudicará a la escuela concertada y favorecerá a la pública.
Previamente a la aprobación de esta reforma educativa, concretamente, en 2018, el Tribunal Constitucional promulgó una sentencia en la que declaraba que la educación diferenciada no supone ningún tipo de discriminación y que es respetuoso con la Constitución y los tratados firmados por España contra la discriminación. De igual modo, en lo que respecta al acceso a fondos públicos, este organismo declaró que estos centros “podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos” siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley. Esta sentencia servirá como argumento para los detractores de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).
La respuesta ante esta nueva ley que sustituirá a la LOMCE ha sido más que notoria. Desde manifestaciones multitudinarias, como las del 22 de noviembre y el 20 de diciembre de 2020, hasta casi 1 millón y medio de firmas recogidas por parte de la plataforma Más Plurales para intentar frenar su aprobación. De igual modo, los principales partidos de la oposición, PP y Vox, han reaccionado tramitando recursos en contra de esta reforma educativa al Tribunal Constitucional. El Partido Popular basó su recurso en la vulnerabilidad de los derechos de los padres a la hora de elegir el colegio de sus hijos y en la privación del castellano de su condición de lengua vehicular. Por otro lado, Vox se fundamentó en el carácter inconstitucional de la norma y al igual que el PP, en la exclusión del castellano como lengua vehicular. Ambos recursos se encuentran actualmente en trámite.
En lo que respecta a la respuesta de los partidos políticos, el Partido Popular prometió establecer una serie de medidas con el objetivo de desactivar esta ley en las cinco comunidades gobernadas por su partido. En el caso de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las primeras en responder. Con el fin de intentar proteger a la educación concertada, entre otros aspectos, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en julio de este año la denominada “Ley Maestra de Libertad Educativa”. Esta normativa incluirá el concepto de “demanda social”, explicada previamente y excluida de la LOMLOE y promoverá la libertad de elección de los padres para elegir la educación de sus hijos.
Por otro lado, la plataforma Más Plurales aglutina a diversos actores educativos que dicen defender la pluralidad educativa. En concreto, engloban esta nueva plataforma la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) que reúne a centros privados y concertados de España, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), que defienden los derechos y libertades que tienen los padres sobre la educación de sus hijos, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) que promueve que los hijos reciban una formación acorde con sus propias creencias y convicciones en la vida escolar, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas (FEDMA), la cual defiende y protege a las familias numerosas y Escuelas Católicas, que agrupa a centros educativos católicos.
Entre las medidas realizadas por esta plataforma se encuentran la solicitud de amparo que presentaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en noviembre de 2020 y que fue admitida a trámite en marzo de este año. Por otro lado, se encuentra la denuncia ante la Comisión Europea en la que defienden que esta ley fue aprobada sin el consenso social y la participación de todos los sectores interesados. Su objetivo era que se admitiese esta denuncia y se iniciase el proceso de incumplimiento, sin embargo, esta comisión optó por no abrir una investigación argumentando su falta de competencia para intervenir.
Se puede concluir que esta nueva ley educativa ha traído consigo muchos conflictos debido a las diferentes interpretaciones, en función, del color ideológico de quien se manifiesta. Por un lado, se encuentran quienes sobreponen el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos por encima del derecho a recibir una misma educación. Por otro lado, se encuentran los que consideran que la educación diferenciada dificulta la socialización entre hombres y mujeres. Sin embargo, los principales afectados seguirán luchando a través de sus plataformas por lo que ellos consideran un derecho básico, elegir el tipo de colegio y el tipo de educación que se quiere para sus hijos. Todo esto lo harán bajo su lema “MÁS PLURALES, MÁS LIBRES, MÁS IGUALES”.
